Fragmentos de un testimonio atribulado

Fragmentos de un testimonio atribulado

Francisco Rubén Sosa Grandón

Nací en Guangzhou, una lóbrega ciudad industrial del sur de China. Tatuaron en mi frente el logotipo del Gobierno Municipal Autónomo de Cochabamba. Mi lomo verde claro expone un lema: “Educación sorprendente”, y una marca: “Cochabamba, ciudad de todos”. Tengo 92.485 hermanas idénticas. Nos clonaron. Soy una criatura del Alcalde Sonrisas.

Mis hermanas y yo cargamos carpetas, lapiceros, lápices negros y rojos, cajas de colores, tajadores y borradores. Las mayores portamos cajas de marcadores y estuches geométricos; las menores, piezas de plastilina. Llegamos a Cochabamba un día de diciembre de 2017, antes de la Navidad.

Nos distribuyeron en las escuelas durante la primera semana de febrero, cuando se iniciaron las clases. El Alcalde Sonrisas visitaba los centros educativos de nivel Inicial y Primaria y nos regalaba a cada niño, quienes lo besaban en la mejilla como expresión de sincero agradecimiento. Él retribuía el cariño de los niños con una sonrisa. Las mamás repetían: Nunca nadie ha hecho semejante gesto de desprendimiento, como si fuera dinero del susodicho. Todo era alegría y fiesta. Ayudamos a muchas familias de escasos recursos evitando que nos compren en el mercado por precios sobredimensionados por las comerciantes.

Vivía feliz, hasta que una mañana de los primeros días de abril, una concejal azul me arrebató de las manos de mi dueño, el hijo de su empleada. El niño estudiaba en una escuela pública, donde ambos aprendíamos a leer y escribir con dificultad. Para compensarlo, le entregó una raída bolsa azul marca “Totto”, china como yo. Con desdén lo consoló: “Es mejor que la porquería que te dio el Alcalde” y salió apresuradamente de su casa.

Me llevó a la Gobernación. Allí se reunió con abogados de la Fiscalía General, del Ministerio de Justicia y de la Procuraduría del Estado. Coordinaron la aplicación de una estrategia envolvente diseñada en la Vicepresidencia. Aquel momento no entendí ni un ápice, todo lo que decían era chino para mí. Le ofrecieron un brebaje blanquecino a la concejal azul. Para que se envalentone y pierda el miedo, murmuraban. Después ella irrumpió a la Plaza Principal.

Allí, ante una multitud de periodistas, la iracunda concejal azul explicó que el Alcalde Sonrisas favoreció a la Asociación Accidental 26 de Febrero en la licitación para que nos compren cargadas de material escolar, que esa empresa accedió a información privilegiada 104 días antes de que se lance la licitación. Agarrándome como trapo viejo, aseguró que la Asociación Accidental 26 de Febrero firmó el contrato después de que llegamos a Cochabamba. Expuso ante los incrédulos periodistas la transacción firmada por el Alcalde Sonrisas, el padrón tributario de los ganadores de la licitación, el documento único de importación y las facturas emitidas en China. La concejal azul, roja y achinada ya por el esfuerzo, aseguró que la Alcaldía adjudicó la licitación “al mayor precio”, que nosotras solamente costamos 26 bolivianos, que el Alcalde Sonrisas nos compró por 145, que los importadores invirtieron dos millones de bolivianos y que se aprestaban a cobrar 12 millones. “No sabemos qué ha pasado con 10 millones”, cerró su intervención. Aplicó toda su experiencia melodramática de ex presentadora de televisión y bailarina de un espectáculo familiar tipo cabaret. Convenció a todos.

Acto seguido, la concejal azul caminó tres cuadras y media rumbo a la Fiscalía. Parecía un pavo real, avanzaba rodeada por periodistas que hacían malabares con cámaras, micrófonos y teléfonos celulares. Denunció al Alcalde Sonrisas por seis delitos: uso indebido de influencias, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Respaldó su acción con diez documentos y, yo no lo esperaba, la desgraciada me entregó también a los fiscales como prueba de los delitos.

Más tarde, desde la gaveta de un fiscal anticorrupción, vi por televisión que un funcionario de alto nivel de la Alcaldía intentaba minimizar la denuncia. El sujeto, vestido con un chaleco verde, acicalando de rato en rato sus mostachos con sus manitas de adolescente híper activo, manifestó que los costos de cualquier mochila con útiles escolares oscilaban en el mercado cochabambino entre los 115 y los 180 bolivianos. Tomó su billetera, sacó treinta bolivianos, alargando su brazo desafió a la concejal azul a comprarnos y que, más tarde, le devuelva cuatro bolivianos de cambio. Sarcástico aseguró que el Alcalde Sonrisas respondería la denuncia ante el Ministerio Público. La menospreció: “Se trata por lo menos de la vigésima denuncia de la concejil y ninguna ha sido comprobada”. Dos compañeras suyas siguieron su ejemplo. Una de ellas, una cuarentona desenfadada y provocativa, se animó a manifestar que la empresa ganadora de la licitación “se arriesgó, pues”.

Al día siguiente, mientras seguía aburrida en la oficina del fiscal anticorrupción, también observé por un canal paraestatal que la concejal azul había viajado a La Paz y que junto con el Ministro de Justicia amplificaba la denuncia. Me di cuenta que todo el aparato estatal se movilizaba para descubrir detalles de mi compra. Los fiscales festejaban, se sabían protegidos desde las más altas esferas del poder.

Entonces escuché a uno de ellos comentar que la suerte del Alcalde Sonrisas estaba echada, que el Jefazo había decidido su muerte civil porque le había disgustado que viaje invitado maliciosamente por un gobernador verde a La Haya para, con el pretexto de escuchar los alegatos sobre la demanda del mar, denunciar ante organismos internacionales la pretensión azul de perpetuarse en el poder. Otro añadió que al Supremo ya no le interesaba poner en riesgo el pacto de no agresión entre azules y verdes, parecido al que Hitler y Stalin firmaron antes de la Segunda Guerra Mundial, incluso si revelaban su responsabilidad en el caso Hotel Las Américas de Santa Cruz de la Sierra o si publicaban el audio con las presiones del fiscal Veracruz para proteger al “Cholango” por el puente caído. “No hay nada qué hacer, tenemos que cumplir órdenes, no queda otra”, sentenció uno de ellos.

Percibí los días que permanecí en la Fiscalía que los azules controlan todas las instituciones del Estado. No solamente accedían a los datos de la Aduana, sino del Sistema de Impuestos, del registro de empresas privadas, del registro civil e, incluso, de los sistemas de identificación personal. Sabían todo lo que ocurría en este país cual un omnipotente “gran hermano”. Me enteré que infiltraron a guerreros del proceso de cambio entrenados en Cuba y Venezuela en las nueve gobernaciones y las 345 alcaldías del país, sean azules o verdes. Así, comentó uno de los operadores, destapaban desde la Central de Inteligencia Plurinacional, su búnker de registro de datos, análisis e intervención, cualquier caso de corrupción en el momento oportuno. Me di cuenta que era su método para controlar a los fieles y castigar a los infieles.

La tarde que el Alcalde Sonrisas debía declarar, un asistente alertó: “Los micreros bloquean el centro de la ciudad, hay un caos endemoniado”. Escuché petardos que explotaban en la calzada próxima al edificio de la Fiscalía. Un gran tumulto de comerciantes gritaba consignas y estribillos de apoyo al Alcalde Sonrisas. Proclamaban su inocencia. Dos funcionarias de alto nivel los comandaban. Ante la pregunta de los periodistas de qué hacían allí en horarios de trabajo, respondían en coro: “Hemos solicitado licencia con cargo a vacación, podemos hacer lo que nos dé la gana, hemos venido a respaldar a nuestro Alcalde”.

Un fiscal especial recién llegado de Sucre ordenó: “Preparen el salón de declaraciones y verifiquen los dispositivos de audio y vídeo”. Momentos después, ingresó el Alcalde Sonrisas flanqueado por cuatro abogados. Un fiscal anticorrupción inició el acto con las formalidades previstas en el Código de Procedimiento Penal, el Alcalde Sonrisas confirmó sus generales de ley y, tras la primera pregunta, manifestó: “Amparado en mis derechos constitucionales, me abstengo”. A nadie le sorprendió la respuesta. Inmediatamente lo imputaron. Una secretaria entregó un documento al fiscal anticorrupción que presidía el acto, quien lo leyó lacónicamente: “Se resuelve la aprehensión del imputado por el evidente riesgo de fuga y obstaculización de la investigación en el presente caso”.

Un estruendo furioso estalló en las cercanías de la Fiscalía. La Policía antimotines gasificó a los exaltados, los apaleó sin diferenciar si se trataba de ancianos o mujeres y despejó la calle. Un autobús de Régimen Penitenciario se instaló en la calzada. Salió el Alcalde Sonrisas. Dos robustos custodios repelían los empellones de los incondicionales del aprehendido, este apenas atinó a gritar ante las cámaras de televisión y de los teléfonos celulares: “¡Se los dije! ¡Todo está cocinado!” Lo condujeron a una celda de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la laguna Alalay. Percibí que la ciudad transpiraba consternación.

Al día siguiente, en una audiencia de medidas cautelares teatralizada en las instalaciones de la estación policial del Norte. Los acusadores repetían su libreto y solicitaban la detención preventiva del imputado en la cárcel de El Abra. Los defensores argumentaban que no había daño económico porque el Alcalde Sonrisas había anulado el contrato de compra y no había desembolsado ni un solo centavo. Tras ocho horas de alegatos, un juez de garantías, sorbiendo agua de cuando en cuando, dispuso su detención domiciliaria, su arraigo, el depósito de 200 mil bolivianos de fianza y, amparándose en los desórdenes que generaban sus seguidores, le prohibió que se aproxime a la Alcaldía y que se relacione con funcionarios municipales. Un representante del Ministerio de Justicia susurró con una mueca de satisfacción que el Jefazo había logrado su objetivo una vez más.

Al principio, la multitud –que vigilaba y seguía el acontecimiento desde los jardines anexos al recinto– festejó ingenuamente. Después, poco a poco, su algarabía trocó en desolación. La gente se daba cuenta que la decisión judicial apartaba al Alcalde Sonrisas de su apreciado cargo.

Mis hermanas y yo cabalgamos ahora sobre las espaldas de los inocentes escolares cochabambinos que ignoran nuestro origen y nuestra amarga historia de impostura y soberbia. Representamos la marca indeleble de la corrupción y el signo miserable del poder omnímodo. Me consuelo pensando que los ciudadanos de este país comprenden con este caso que no importa el color, ni las promesas de los gobernantes, interesa que administren honestamente los dineros públicos.